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El Programa de Transparencia y Ética Empresarial (PTEE) es una obligación regulatoria en Colombia para prevenir y gestionar los riesgos relacionados con la corrupción y el soborno transnacional. Su implementación está dirigida principalmente a empresas con operaciones internacionales y altos niveles de ingresos o activos. Este programa, exigido por la Superintendencia de Sociedades, busca promover una cultura organizacional basada en la ética, la legalidad y el cumplimiento normativo, a través de mecanismos como políticas anticorrupción, códigos de ética, canales de denuncia, y controles internos efectivos.
La Resolución 2328 de 2025 de la Superintendencia de Transporte exige a las empresas vigiladas implementar el SARLAFT, un sistema que reemplaza al SIPLAFT y fortalece la gestión del riesgo de lavado de activos, financiación del terrorismo y proliferación de armas. Este artículo explica los cambios más relevantes, los sujetos obligados, los plazos de implementación, las sanciones por incumplimiento y un checklist práctico para facilitar la adopción en el sector transporte.
La Resolución 3461 de 2025, expedida por el Ministerio del Trabajo de Colombia, actualiza la normativa de los Comités de Convivencia Laboral en entidades públicas y privadas, derogando las resoluciones 652 y 1356 de 2012. Su propósito es prevenir y atender casos de acoso laboral, promoviendo ambientes seguros y respetuosos, en concordancia con el Convenio 190 de la OIT. La norma define nuevas reglas sobre conformación, funciones, plazos y obligaciones de empleadores y Administradoras de Riesgos Laborales (ARL), fortaleciendo la prevención, la confidencialidad y la participación.
Constituir una sociedad permite separar el patrimonio personal del empresarial, limitar riesgos y dar mayor formalidad al negocio, lo que facilita el acceso a crédito, inversión y cumplimiento de obligaciones legales. Implica llevar contabilidad, registrar actas y roles de gobernanza, definir aportes de capital y acuerdos entre socios, además de elegir el régimen tributario más conveniente. Esta figura también garantiza continuidad en procesos de sucesión o crisis, a diferencia de operar a nombre propio, que expone directamente los bienes personales. Es clave tener en cuenta que no reduce impuestos por sí sola, la responsabilidad limitada tiene excepciones y la contabilidad siempre es obligatoria.
Este artículo explica qué debe hacer una empresa una vez queda obligada a implementar el SAGRILAFT o el SARLAFT, los plazos que otorgan las normas en cada sector y las actividades que se deben adelantar mes a mes para cumplir a tiempo. También detalla las sanciones y consecuencias de no implementar el sistema en el plazo establecido, según la normativa vigente de la Superintendencia de Sociedades, Superintendencia Financiera, Supersolidaria, Supersalud y el Ministerio de Transporte. Incluye un cronograma recomendado de implementación y la bibliografía normativa para consulta.
En los últimos meses se ha hablado de un cambio que obligaría a las empresas a retener y pagar la seguridad social de sus contratistas independientes. Aunque esta medida hacía parte de la reforma pensional (Ley 2381 de 2024) y debía aplicarse desde julio de 2025, la Corte Constitucional suspendió su entrada en vigencia.
Por ahora, todo sigue igual: los contratistas siguen siendo responsables de pagar directamente sus aportes a salud, pensión y riesgos laborales, y solo en caso de existir un acuerdo con la empresa, esta podrá asumir el pago. La implementación de los ajustes técnicos y operativos para este nuevo esquema queda en pausa hasta que la Corte y el Congreso definan su futuro.
Durante agosto de 2025, las personas naturales deberán presentar su declaración de renta correspondiente al año gravable 2024. La DIAN ya publicó el calendario de vencimientos, el cual depende de los dos últimos dígitos del NIT. Están obligados a declarar quienes cumplan con ciertos criterios económicos como patrimonio, ingresos, consumos, o movimientos financieros superiores a 1.400 UVT o 4.500 UVT, según corresponda. Además, se aclara que declarar no siempre implica pagar impuestos, ya que algunos contribuyentes pueden tener saldos a favor. Gómez Asesores & Consultores ofrece acompañamiento profesional para cumplir con esta obligación de manera segura y oportuna.
La debida diligencia es uno de los pilares del SAGRILAFT, un sistema obligatorio para muchas empresas en Colombia que busca prevenir el lavado de activos y la financiación del terrorismo. Este artículo explica en qué consiste la debida diligencia, qué la compone, por qué es fundamental implementarla y quiénes están obligados a hacerlo. Además, se plantean recomendaciones prácticas para aplicarla incluso cuando no exista una exigencia legal, especialmente en operaciones de alto valor o con terceros desconocidos.
En GÓMEZ ASESORES & CONSULTORES S.A.S., contamos con un equipo especializado que puede acompañarlo en la implementación de los ajustes requeridos por la reforma, incluyendo la actualización del Reglamento Interno de Trabajo y demás procesos clave para el cumplimiento legal en su organización. Si desea recibir asesoría, no dude en contactarnos. Estamos a su disposición para brindarle un servicio oportuno, confiable y ajustado a las necesidades de su empresa.