Este artículo explica qué debe hacer una empresa una vez queda obligada a implementar el SAGRILAFT o el SARLAFT, los plazos que otorgan las normas en cada sector y las actividades que se deben adelantar mes a mes para cumplir a tiempo. También detalla las sanciones y consecuencias de no implementar el sistema en el plazo establecido, según la normativa vigente de la Superintendencia de Sociedades, Superintendencia Financiera, Supersolidaria, Supersalud y el Ministerio de Transporte. Incluye un cronograma recomendado de…
En los últimos meses se ha hablado de un cambio que obligaría a las empresas a retener y pagar la seguridad social de sus contratistas independientes. Aunque esta medida hacía parte de la reforma pensional (Ley 2381 de 2024) y debía aplicarse desde julio de 2025, la Corte Constitucional suspendió su entrada en vigencia.
Por ahora, todo sigue igual: los contratistas siguen siendo responsables de pagar directamente sus aportes a salud, pensión y riesgos laborales, y solo en caso de…
Durante agosto de 2025, las personas naturales deberán presentar su declaración de renta correspondiente al año gravable 2024. La DIAN ya publicó el calendario de vencimientos, el cual depende de los dos últimos dígitos del NIT. Están obligados a declarar quienes cumplan con ciertos criterios económicos como patrimonio, ingresos, consumos, o movimientos financieros superiores a 1.400 UVT o 4.500 UVT, según corresponda. Además, se aclara que declarar no siempre implica pagar impuestos, ya que algunos contribuyentes pueden tener saldos a…
La debida diligencia es uno de los pilares del SAGRILAFT, un sistema obligatorio para muchas empresas en Colombia que busca prevenir el lavado de activos y la financiación del terrorismo. Este artículo explica en qué consiste la debida diligencia, qué la compone, por qué es fundamental implementarla y quiénes están obligados a hacerlo. Además, se plantean recomendaciones prácticas para aplicarla incluso cuando no exista una exigencia legal, especialmente en operaciones de alto valor o con terceros desconocidos.
En GÓMEZ ASESORES & CONSULTORES S.A.S., contamos con un equipo especializado que puede acompañarlo en la implementación de los ajustes requeridos por la reforma, incluyendo la actualización del Reglamento Interno de Trabajo y demás procesos clave para el cumplimiento legal en su organización.
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Con la entrada en vigor de la Ley 2466 de 2025, el contrato de aprendizaje en Colombia dejó de ser solo una figura formativa y pasó a ser un contrato laboral especial a término fijo, regulado por el Código Sustantivo del Trabajo. Esta transformación implica que los aprendices, en su fase práctica o en formación dual, adquieren derechos laborales completos: afiliación integral al sistema de seguridad social, vacaciones, cesantías, primas, subsidios, entre otros.
Además, el nuevo régimen aplica desde el…
En Colombia, el marco normativo para la prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo (LA/FT) exige la implementación de sistemas de gestión de riesgos robustos, como el SARLAFT (para entidades financieras) y el SAGRILAFT (para empresas del sector real). En ambos modelos, las auditorías desempeñan un papel fundamental. Este artículo analiza la importancia de las auditorías internas y externas como mecanismos de evaluación, verificación y mejora continua dentro de estos sistemas. Se detalla su función estratégica en…
La conciliación fiscal en Colombia es un proceso obligatorio que permite a los contribuyentes explicar ante la DIAN las diferencias entre la contabilidad financiera, basada en las NIIF, y la contabilidad fiscal regida por el Estatuto Tributario. Surgió tras la adopción de estándares contables internacionales y se materializa a través de los formatos 2516 y 2517, que deben presentarse junto con la declaración de renta. Esta herramienta no solo garantiza transparencia y coherencia en la determinación del impuesto sobre la…
En Colombia, la correcta gestión de la nómina es esencial para el cumplimiento de las normativas laborales, tributarias y para evitar sanciones legales. Un manejo inadecuado puede derivar en demandas laborales, multas y auditorías por parte de entidades como la UGPP y la DIAN, afectando gravemente la viabilidad financiera de una empresa.
El 6 de marzo de 2025, la Superintendencia de Transporte expidió la Resolución 2328, que obliga a una amplia gama de empresas del sector transporte a implementar el Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (SARLAFT). Esta nueva normativa reemplaza al antiguo SIPLAFT y amplía significativamente las obligaciones, alineándolas con estándares internacionales.
Están obligadas empresas como transportadoras de carga y pasajeros, operadores aéreos, centros de enseñanza…
