La Resolución 2328 de 2025 de la Superintendencia de Transporte exige a las empresas vigiladas implementar el SARLAFT, un sistema que reemplaza al SIPLAFT y fortalece la gestión del riesgo de lavado de activos, financiación del terrorismo y proliferación de armas. Este artículo explica los cambios más relevantes, los sujetos obligados, los plazos de implementación, las sanciones por incumplimiento y un checklist práctico para facilitar la adopción en el sector transporte.