El 6 de marzo de 2025, la Superintendencia de Transporte expidió la Resolución 2328, que obliga a una amplia gama de empresas del sector transporte a implementar el Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (SARLAFT). Esta nueva normativa reemplaza al antiguo SIPLAFT y amplía significativamente las obligaciones, alineándolas con estándares internacionales.
Están obligadas empresas como transportadoras de carga y pasajeros, operadores aéreos, centros de enseñanza…
